La justicia administrativa de los estados busca un candado constitucional. El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA) acudió este 3 de julio al Senado de la República para plantear una reforma a los artículos 116 y 122 de la Carta Magna que consagre la plena independencia de estos órganos jurisdiccionales en las entidades federativas.
La propuesta surgió en la mesa de trabajo “Justicia administrativa y zona metropolitana”, encabezada por las senadoras María Guadalupe Chavira de la Rosa, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, y Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria de la Mesa Directiva, quienes acordaron con la asociación, que agrupa a más de 200 magistradas y magistrados de todo el país, abrir una etapa de colaboración legislativa.
Blindaje frente a los gobiernos en turno
El planteamiento central corrió a cargo del magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez, presidente de la AMTRIJA, quien respondió así a la pregunta de la senadora Gutiérrez sobre qué reformas se requieren para proteger a los tribunales de las presiones de los gobiernos locales: una modificación directa al texto constitucional.
El magistrado dejó claro el tono de la visita: “Venimos a ofrecer nuestro servicio al servicio de México, para lograr y apoyar en todo aquello que beneficie al pueblo”, dijo ante las legisladoras.
Aguilera también expuso el otro flanco débil de estos tribunales: el presupuestal. La falta de recursos, incluso para licencias de ciberseguridad, frena la implementación de los juicios en línea y la interconexión con el Poder Judicial de la Federación, advirtió.
La justicia “de todos los días”
El presidente de la AMTRIJA defendió el peso social de su materia: la justicia administrativa es la que toca la vida cotidiana de la mayoría de los mexicanos, desde el actuar de un policía de tránsito hasta la revisión de concesiones y licitaciones públicas. “Vemos a una persona, vemos a una familia y vemos una realidad que hay que atender”, expresó sobre lo que hay detrás de cada expediente.
Detalló que desde marzo la asociación opera con un plan de tres ejes: autonomía e independencia de los tribunales, modernización digital para acercar la justicia a la gente, y profesionalización con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
El eco en la Cámara Alta
La senadora Chavira celebró la apertura del Senado a las realidades regionales de la justicia administrativa y propuso trazar desde la Cámara Alta una ruta para que los magistrados presenten iniciativas y se avance en la homologación de criterios.
Gutiérrez Escalante, por su parte, subrayó el vínculo entre el fenómeno metropolitano y el acceso a la justicia: “La justicia no puede ser ajena al entorno donde vive la gente, donde trabaja, donde se traslada”, afirmó, al señalar que el desorden urbano también produce asimetrías jurídicas.
En la mesa participaron además el magistrado Alejandro González Navarro, quien pidió adecuar los andamiajes jurídicos a la realidad de cada entidad y reivindicó la responsabilidad patrimonial del Estado como competencia clave; la magistrada Estela Fuentes Jiménez, quien propuso replicar a escala nacional el comité de igualdad sustantiva que opera desde hace 15 años en la Ciudad de México; y el magistrado Jesús Anlén, quien recordó que la reforma de 2015 dio autonomía constitucional a estos tribunales e invitó a las senadoras a un foro nacional con los más de 200 integrantes de la asociación.
Al cierre, ambas partes refrendaron el compromiso de una agenda legislativa común centrada en tres puntos: autonomía presupuestal, justicia digital y homologación de criterios. La asociación entregó a las legisladoras un cuadro alusivo a la justicia como gesto simbólico del acuerdo.
